La transición energética europea contra el Sur de Europa y los límites renovables
Grupo de Trabajo de Modelo Energético de ALIENTE
El pasado viernes la Comisión Europea presentaba la 5ª lista de Proyectos de Interés Común (PIC), el hardware para la futura Unión de la Energía Europea, siendo el Plan Juncker el software financiero para su construcción. Mediante este ambicioso plan de interconexión energética entre los estados miembros, se planea ir integrando, gradualmente, los sistemas energéticos estatales bajo el supuesto de que esto permitirá aumentar la potencia renovable, asegurar el suministro y reducir los costes del sistema. Así, bajo el supuesto bien común, se abre una serie de ventajas para las promotoras de estos proyectos, que van desde una agilización de trámites y plazos, hasta la financiación parcial de la ejecución de los mismos.
El nuevo listado confirma todos nuestros miedos, pues consolida 3 proyectos de interconexión eléctrica entre España y Francia: tres grandes autopistas eléctricas o líneas de Muy Alta Tensión (400 kV) para la evacuación de la ingente cantidad de energía renovable que se espera generar en el territorio peninsular en su nuevo rol de principal productora renovable para Europa. En concreto, dicha lista incluye el proyecto de interconexión eléctrica submarina a través del Golfo de Bizkaia junto a otros dos que atravesarían los Pirineos, uno por Aragón y otro por Navarra. Y confirma nuestros miedos porque, si bien los argumentos que esgrime la Comisión Europea (CE) podrían parecer incontestables en un escenario de crisis climática y energética, veremos, a poco que rasquemos, que tras ellos hay mucho más discurso que realidad contrastable.
Del mismo modo que el diámetro de una tubería nos habla de la cantidad de líquido que esta puede desplazar, la capacidad de las redes eléctricas establece la cantidad de energía que puede transportar. Así, las interconexiones incrementarían la capacidad de la red para absorber la nueva producción renovable generada en la península y, al conectar los sistemas eléctricos de distintos estados, darían acceso a los productores a los mercados europeos. Sin embargo, la CE, en vez de establecer un determinado objetivo de capacidad de interconexión entre estados acorde con las necesidades y capacidades de cada uno, ha impuesto arbitrariamente que esta capacidad debe alcanzar en todos los casos el 15 % de la potencia instalada en cada uno de ellos. De esta perversa manera, lejos de limitarse la producción energética al consumo de un determinado territorio, todo aumento de la potencia exigirá el correspondiente aumento de la capacidad de interconexión, un auténtico círculo vicioso que amenaza con no parar nunca y que resulta contrario a los principios de anteponer la eficiencia energética y reducir el consumo y el despilfarro de energía que hipócritamente pregona la UE.
La creación de esta gran red continental facilita que los severos impactos asociados a estos mega proyectos tengan que ser asumidos por territorios muy alejados de aquellos que motivan su construcción y que se beneficiarán de la energía transportada. Toda una actualización verde de las clásicas prácticas extractivistas que, en un doble tirabuzón hacia delante, implementan un nuevo ciclo extractivista sin precedentes. Y no solo por la cantidad de minerales que requiere la futura infraestructura renovable, sino por el proceso de especialización territorial que da alas a una falsa transición energética que no contempla límite alguno a los deseos de consumo que impone a la ciudadanía. Vemos así como el providencial sol y el impetuoso viento de algunas zonas se convierte en una condena para sus habitantes, recordándonos a esa niña iraquí que rezaba aquello de que «ojalá no tuviéramos petróleo». Pero no olvidemos que las interconexiones lo mismo llevan que traen electricidad, que la interconexión proyectada a través del Golfo de Bizkaia tiene como destino la central nuclear de Blayais y que Francia acaba de anunciar la construcción de nuevas centrales nucleares: más que de una condena, deberíamos hablar sin ambages de una auténtica estafa.
Por si fuera poco, este modelo de transición energética, basado en la ominosa figura del mega proyecto, desata un ataque a la biodiversidad sin precedentes justo en un momento en el que esta se erige como garante de adaptación al cambio climático. Y así, mientras las ciudades, verdaderos sumideros de consumo energético, desoyen su responsabilidad en esta transición, mega centrales eólicas y solares aterrizan como una tormenta perfecta sobre el mundo rural. Tal planteamiento levanta un verdadero muro entre el consumidor y el entorno, invisibilizando las profundas implicaciones geopolíticas de unos niveles de consumo imposibles de satisfacer mediante fuentes renovables, tal como apuntan cada vez más voces expertas. Es decir, que, bajo la lógica del ojos que no ven, corazón que no siente, se genera la base material para que la ciudadanía consuma todo lo que le plazca para mayor gloria del capital privado, que hace tiempo que convirtió la energía en una mercancía y que se empeña, frente a todas las señales de naufragio, en que la orquesta siga tocando bien fuerte.
Resulta paradójico, además, que, para asegurar el suministro, la apuesta de la CE sea la construcción de unos pocos cables de gran potencia, cuando la experiencia nos dice que las redes basadas en grandes líneas de transporte eléctrico son poco resilientes —especialmente en un contexto de crisis climática y energética— y pueden generar apagones de dimensiones internacionales. La propia ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico descartaba, en unas recientes declaraciones, la posibilidad de un gran apagón eléctrico en el Estado español precisamente por la naturaleza del sistema eléctrico ibérico, menos interconectado con Europa que el de otros estados, aunque, paradójicamente y al mismo tiempo lamentase que la interconexión fuese inferior a la deseada por el Gobierno. Pero si el objetivo que se busca es aumentar la resiliencia de los sistemas eléctricos, la consecuencia obvia que debería extraerse es que tiene mucho más sentido apostar por un mallado de la red distribuido que acerque la nueva generación renovable a los verdaderos sumideros de consumo del mundo urbano. Este modelo, contrario al centralizado que pretenden imponernos, resultaría más eficiente y aprovecharía las virtudes inherentes a las energías renovables, entre ellas, la posibilidad de devolver la energía a las personas como un bien común y un derecho humano, y no como una mercancía sometida a la lógica del mercado.
Cabría preguntarse si esta integración de sistemas eléctricos permitiría verdaderamente reducir los costes de la electricidad, y en caso afirmativo, cómo se repartiría esta potencial reducción. Tal como indicábamos anteriormente, las interconexiones permiten una mayor integración de renovables a nivel europeo. De este modo, podrían reducir el coste de la electricidad si logran sustituir la operación de fuentes más caras, como lo son actualmente las plantas de gas natural, causantes del elevado precio de la electricidad. Esta potencial reducción de costes en el continente arroja, sin embargo, efectos bien distintos cuando analizamos la realidad local de estas zonas de producción renovable.
Con el mismo criterio, si el aumento de la producción renovable en el Estado español buscase satisfacer su propia demanda eléctrica, podría teóricamente abaratarse el precio de la electricidad. Y decimos teóricamente porque las habituales prácticas del oligopolio nunca han permitido que ningún aumento de la potencia renovable resulte en una bajada del precio de la luz, sino más bien en un sostenido incremento de sus beneficios anuales. Pero incluso quedándonos en la teoría, si el desarrollo renovable en el Estado español va acompañado de la construcción de un gran mercado energético europeo, el aumento de producción renovable vendrá acompañado de un aumento mucho mayor del número de consumidores conectados a esa nueva producción. Y aquí la ley de la oferta y la demanda es implacable: los costes de la electricidad se verían reducidos para las zonas importadoras, mientras que se aumentaría la factura de la luz de las zonas exportadoras. Y todo esto sin hablar de la otra cara de la moneda, de la capacidad de las interconexiones para repartir por toda Europa electricidad sucia proveniente del carbón. De hecho, ya hay estudios que avisan de que un aumento de las interconexiones solo serviría para aumentar las emisiones de la Unión.
Por añadidura, la inversión necesaria para la construcción de estas autopistas eléctricas ha de ser afrontada por los estados que las alojan, en nuestro caso y como bien sabemos, vía factura de la luz. Así que olvidémonos definitivamente del abaratamiento de los costes del sistema, que incluso José Folgado, entonces Presidente de REE, reconocía en abril de 2015, al ser preguntado sobre si las interconexiones eléctricas abaratarían la factura de la luz, que estas facilitarían «precios competitivos», pero advirtiendo que esto no supondría obligatoriamente que los precios de la luz bajasen, sino «que sus costes en España no se diferencien tanto de cómo evolucionan los del resto de los países europeos» —un buen ejemplo de cómo los vendedores no usan las mismas palabras cuando se dirigen a sus clientes que cuando explican el negocio a sus accionistas.
La actual agenda europea pone en serio peligro la oportunidad de una transición energética justa que dé respuesta a los retos ecosociales que tenemos delante. Haciendo oídos sordos a los límites que entraña necesariamente una transición a fuentes renovables, se ha decidido sacrificar el Sur del continente para intentar saciar, doblemente, el hambre ilimitado de energía barata por parte del mundo urbano y de beneficios por parte del capital. Es de urgencia instar al Parlamento Europeo a rechazar este 5º listado de PIC y a iniciar, cuanto antes, un plan de transición energética que, tal como prometía la UE a través del Paquete de Invierno, priorice la reducción del consumo, el uso eficiente de la energía, el autoconsumo energético y que —añadimos nosotras— destine el dinero público a que la energía vuelva a ser un bien común.
The European Energy Transition against the South and the limits of the renewable energies
ALIENTE’s Work Group on Energy
Last Friday the European Commission presented its 5th list of Projects of Common Interest (PCI) which sets out the infrastructure for the future energy needs of the European Union; the Juncker Plan is the means by which this construction will be financed. This ambitious energy plan to interconnect member states, will gradually integrate the energy systems of member states and it assumes that it will increase renewable power generation, guarantee supply and reduce system costs. As these projects are defined as being for the common good, there are a series of advantages for the promoters of these projects, ranging from the speeding up of procedures and relaxation of deadlines, to partial financing of these projects.
In the same way that the diameter of a pipe tells us the quantity of liquid it can move, the capacity of an electrical grid defines the amount of energy it can transport. Consequently, interconnection would increase the capacity of the grid to absorb the new renewable energy generated in member states and, by connecting the electricity systems of different states, would give producers access to all European markets. However, instead of establishing specific interconnection capacity targets between states, according to the needs and capacities of each country, the EU has arbitrarily imposed that this capacity must in all cases be 15% of the power installed in each state. In this perverse way, far from limiting a country’s energy production to the consumption of that state, any increase in power generation will require a corresponding increase in interconnection capacity; this is a real vicious circle that threatens to be never ending and hypocritically flies in the face of the principles of prioritizing energy efficiency, reducing energy consumption, and eliminating waste as proclaimed by the EU.
The creation of such a large continental grid means that there will be severe impacts associated with these mega-projects and these repercussions will have to be borne by territories far away from those countries that promote the construction of these projects and that will benefit from the energy transported.
This is putting a green spin on a classic extractivist model that paves the way for the implementation of an unprecedented new cycle of pillage of our natural resources. Not only is this due to the quantity of raw materials required by future renewable infrastructure, but also as a consequence of the specialization of individual regions; all this gives credence to the existence of a false energy transition that contemplates imposing no limits on increases of its citizens energy consumption.
As if that were not enough, this energy transition model, which is centred on the ominous figure of the mega-project, unleashes an unprecedented attack on biodiversity just at a time when the EU stands as a guarantor of adaptation to climate change. And so, while cities, which are voracious consumers of energy, ignore their responsibility in this transition, mega wind and solar power plants are forced on the rural world in the form of a perfect storm. Such an approach creates an impenetrable partition between the consumer and the environment, as well as having invisible deep geopolitical implications about levels of consumption levels that will be impossible to satisfy using renewable sources alone, a point of view that is being supported by an ever growing number of experts. In other words, on the basis of the old adage of out of sight, out of mind, the EU is trying to justify its plan, which will allow citizens to consume as much energy as they please for the greater glory of private enterprise, which in the dim and distant past turned energy into a commodity and which now demands, in spite of all the signs of imminent shipwreck, that the orchestra continues to play loudly, while the deckchairs are rearranged.
It is also paradoxical that, in order to ensure supply, the EU is backing the construction of a small number of high-powered connections. However experience tells us that networks based on high capacity power transmission lines are not very resilient – especially in a context of climate and energy crisis – and such lines can give rise to blackouts of international dimensions.
If the objective is to increase the resilience of electricity networks, the obvious conclusion to be drawn is that it makes much more sense to opt for an integrated distribution grid that brings new renewable energy generation closer to the insatiable energy consumption of the urban world. This model, as opposed to the centralized one they are trying to force on us, would be more efficient and would take advantage of the inherent virtues of renewable energies, including the possibility of returning energy to the people as a common resource and a human right, and not as a commodity subject to the whims of the market.
Another salient question is whether this integration of electricity systems would really reduce electricity costs and, if so, how this potential reduction would be distributed. As we indicated earlier, interconnection allows for greater integration of renewables at a European level. In this way the cost of electricity could be reduced if they succeed in replacing the most expensive methods of generating electricity, such as natural gas plants, which are currently the cause of high electricity prices. However, any potential cost reductions within the EU have very different ramifications when we analyse the local reality of each of the renewable production zones.
Let us now look at the other side of the coin, the possibility of using interconnection to distribute dirty coal-fired electricity throughout Europe. In fact, there are already studies that warn that an increase in interconnection would only result in an increase of the European Union’s emissions.
Additionally, the investment required for the construction of these electricity highways has to be borne by the country in which this infrastructure is built. In most cases, consumers will have to pay for it via their electricity bill.
The current European agenda seriously jeopardizes the possibility of a just and reasonable energy transition that responds to the eco-social challenges we face. The EU has turned a deaf ear to the necessary limits that a transition to renewable energy entails. They have decided to sacrifice Southern Europe in their attempt to satisfy both the insatiable hunger for cheap energy on the part of the urban world and the ever growing demands for profit on the part of private enterprise. It is urgent that we press the European Parliament to reject this 5th list of PCIs and that as soon as possible they formulate an energy transition plan that, as promised by the EU in their Winter Package, prioritizes the reduction of consumption, the efficient use of energy, and individual energy self-sufficiency. Furthermore we are firm in our belief that they should allocate public money to make energy once again a resource belonging to all of us not just to a privileged few.
