En La Muela, Zaragoza. Foto: Javier Belver
Nota de prensa enviada al Diario Público el 20/05/2026 en respuesta al artículo “Forestalia y el Maestrazgo: más que nunca, transición justa y social” (https://www.publico.es/opinion/forestalia-maestrazgo-nunca-transicion-justa-social.html)
Por la Alianza Energía y Territorio – ALIENTE
El pasado 22 de marzo de 2026, Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, y Fernando Ferrando, presidente del think tank Fundación Renovables, publicaban en este medio una tribuna (conjunta) sobre el escándalo de Forestalia y el Clúster eólico del Maestrazgo. Este caso es el más reciente, pero no el único, ni probablemente el más significativos, caso de corrupción asociado a la implantación masiva de las renovables: desde la trama eólica de Castilla y León (2003-2011), con más de 75 millones de euros en beneficios ilícitos, el caso denominado Montoro por el exministro de Hacienda, que ofrecía cambios normativos a medida de proyectos encargados a su despacho, o el caso de Galicia, con traslados forzosos de jueces del TXJG porque no gusta su nivel de exigencia al valorar los impactos medioambientales de la eólica, etc…
Desde ALIENTE compartimos la indignación de Saldaña y Ferrando ante estos hechos, que han destapado años de corrupción en el corazón de la Administración medioambiental española. Pero nos sentimos obligados a responder a su posicionamiento público, porque omite, a nuestro juicio, aspectos de enorme relevancia.
Es indudable que los autores de la citada tribuna son perfectos conocedores de los miles de recursos presentados en todo el país por colectivos vecinales, plataformas locales y ciudadanos afectados por un despliegue acelerado y masivo de las renovables. Todos ellos se han visto obligados a convertirse, sin quererlo, sin el tiempo y sin los medios necesarios, en expertos en legislación ambiental, para defender sus derechos ante la falta de rigor y la permisividad en la concesión de permisos (puesta de manifiesto por los propios técnicos de la Administración Pública). Hemos sido testigos de decisiones tan aberrantes contra los habitantes el mundo rural como olivos centenarios arrancados, proyectos elefantiásicos en zonas de dehesa o en hábitats de especies amenazadas, incluso en zonas de la Red Natura 2000. ¿Hay mayor perversión que utilizar el argumento de la protección del medioambiente como coartada para destruirlo?
Ya en 2023, más de 200 entidades y plataformas en defensa de sus territorios, expresaron su alarma en una carta, que ALIENTE apoyó, dirigida a las cinco organizaciones del ecologismo profesionalizado (Amigos de la Tierra, Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, WWF). Significativamente titulada “Nos habéis dejado solos”, la carta lanzó un grito desesperado que entonces no fue escuchado.
Ese clamoroso silencio es el síntoma de un ecologismo institucionalizado o “capturado” que ya no defiende los territorios. Como demostró George Stigler —Premio Nobel de Economía y padre de la teoría de la captura—, los grupos de presión no solo compran leyes, sino que logran que los propios organismos que deberían vigilarlos acaben trabajando para sus intereses. Se ha defendido, bajo el lenguaje de la transición justa, un modelo de especulación que pone los megavatios por encima del territorio y de las personas, mientras se ocultaban manifiestos conflictos de intereses, bien por ser beneficiarios directos de ayudas públicas, bien por contar con las empresas energéticas entre sus clientes, bien por participar en un engrasado sistema de puertas giratorias entre organizaciones ecologistas y el sector eléctrico.
Hay que mencionar el caso de Ecologistas en Acción, donde una mayoría de grupos en todo el territorio trabajan de forma ejemplar contra miles de agresiones al medio ambiente, denunciando y trabajando en soluciones, mientras las actuaciones con claros intereses crematísticos de la dirección perjudican a la imagen global del grupo o el caso de Seo Birdlife, que recibe directamente dinero de las eléctricas siendo también juez y parte en muchos contenciosos.
En los territorios, la mayoría de los activistas y voluntarios hacen un gran trabajo absolutamente irreemplazable para parar las agresiones de empresas y administraciones y conseguir un medio ambiente mejor para todos.
Una evidente operación de reparación de daños de imagen
En su tribuna, Saldaña y Ferrando afirman haber identificado las malas prácticas del Maestrazgo “mucho antes de que se judicializara el caso”, citando su informe común publicado en enero de 2024. Seamos honestos y leámoslo: en él, el proyecto del Maestrazgo ocupa doce líneas, efectivamente para señalar “malas prácticas”, pero sin características comunes con la realidad hoy conocida y denunciada en las alegaciones de plataformas territoriales, a las que estas dos organizaciones no habían prestado apoyo. Leyendo este informe, nos podíamos imaginar que el problema se limitaba a “afecciones a la biodiversidad”. No hay ninguna alarma administrativa, ninguna mención a irregularidades en la tramitación. Y la conclusión del informe es que hay que desplegar más macro renovables, pero mejor. De hecho, las cinco organizaciones ecologistas mencionadas no se opusieron públicamente al clúster de Maestrazgo hasta febrero de 2025. Eso no es haber alertado; es haberse subido al carro cuando ya no había marcha atrás, para intentar así limitar el daño reputacional.
El resultado es que incluso organizaciones con enorme base social han llegado tarde y mal al conflicto, y lo han enmarcado desde dentro del sistema, no desde los territorios que decían defender. En ALIENTE, y tras años siendo descalificados como “nimbystas”, retrógrados o anticientíficos, observamos con asombro la incorporación ahora a esta narrativa, defendiendo por otra parte “más que nunca una transición justa y social”.
Pero nuestro lema siempre ha sido claro: “Renovables sí, pero no así”. Y “no así” significarechazar el modelo especulativo a gran escala que ese ecologismo capturado acompañaba mansamente con su silencio cómplice, hasta que ya ha resultado imposible continuar de perfil.
Forestalia: lo que ya saben los jueces
El 3 de marzo de 2026, la Guardia Civil ejecutó la llamada “Operación Perserte”: doce registros, seis detenidos, entre ellos Fernando Samper, fundador y propietario de Forestalia, y Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Teresa Ribera. Los cargos: prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El mecanismo era sencillo: Forestalia necesitaba permisos, Eugenio Domínguez los proporcionaba, no solo gestionando sino incluso blindando personalmente los expedientes, en lo que los investigadores describieron como una “caja negra” administrativa que aseguraba la impunidad de los proyectos.
El Clúster del Maestrazgo —125 aerogeneradores, 720 megavatios, el mayor parque eólico autorizado en la historia de España— fue vendido por Forestalia al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) por 500 millones de euros.
La investigación académica sobre el Maestrazgo publicada en el Journal of Political Ecology en 2025 recoge el testimonio de habitantes que lo describían con total claridad antes del escándalo judicial: “Forestalia se adjudica las evaluaciones de impacto ambiental, se adjudica las licitaciones. Es dueña de las comarcas. Es dueña de todo lo que pasa.” Lo sabía la gente del territorio. No lo quisieron ver las administraciones estatal y autonómica de la transición verde, no lo quiso ver Greenpeace España ni el resto de los actores sociales verdes. Y ahora se quieren justificar, explicando que Forestalia es un caso aislado (pero admitiendo que tal vez no tanto) y reclamando “garantías adicionales” para seguir con lo mismo. Ricardo Samper (actual Director General de Forestalia) asegura la continuidad de un sistema de despliegue masivo que no es justo, ni social ni territorialmente: “Asumo esta responsabilidad con el objetivo de seguir consolidando la actividad del grupo, reforzar nuestras relaciones con todos los grupos de interés y garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha”.
El discurso ecologista “capturado”: lo que juzgará la sociedad civil
La corrupción a gran escala que destapó el caso Forestalia no nace en el vacío. Precisa de lo que denominamos “captura ecosocial”. Con este término nos referimos a un proceso por el cual las instituciones públicas, con “expertos” que son mas bien arribistas profesionales bien subvencionados por las eléctricas , la universidad y la administración, junto a los espacios académicos, mediáticos y los principales colectivos ecologistas que deberían ejercer control crítico, acaban alineándose —de forma explícita o implícita— con el modelo que dicen cuestionar, fijando los límites de lo debatible y desplazando las voces que lo impugnan.
Hoy toda la sociedad ve cómo esa lógica se ha ampliado: no solo se captura la normativa para obtener permisos a medida, sino que se captura el relato ecologista para que esos permisos parezcan moralmente incuestionables, todo ello publicitado ampliamente por el propio Ministerio de Transición Ecológica, a través de sus redes y sus notas de prensa.
Su mecanismo más ilustrativo es la Cátedra Forestalia en Energías Renovables, creada en julio de 2024 en la Universidad de Zaragoza, y dirigida por el catedrático de derecho Julio Tejedor Bielsa, quien había sido secretario general de la Presidencia del gobierno aragonés de Javier Lambán —en el mismo período en el que se aprobaron las concesiones que enriquecieron a Forestalia— y que era simultáneamente asesor jurídico de la empresa y accionista de una de sus sociedades.
Más de cincuenta profesores protestaron en una carta al rector detallando el denso entramado de corrupción generado por la empresa Forestalia, pero sobre todo protestando contra un modelo que “significaba una sentencia de muerte para un modelo alternativo de desarrollo”. La cátedra fue retirada en enero de 2026, pocas semanas después de que la Guardia Civil registrase las oficinas de Forestalia.
Este caso no es una anécdota. Es un sistema funcionando con normalidad e impunidad, en el que no existe el conflicto de intereses, y que va ya mucho más allá de la red clientelar de Forestalia. Julio Tejedor pasó del gobierno aragonés a la órbita de Forestalia; pero también Pedro Fresco pasó de Director General de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana a Director General de la patronal de energías renovables de la Comunidad Valenciana. En el ámbito académico, prosperan otros sistemas de captura por proximidad y validación técnica: Eloy Sanz ocupó en 2024 la Subdirección General de Políticas Medioambientales en el gabinete de la Presidencia del Gobierno —el mismo que diseña el despliegue— antes de regresar a su cátedra en la URJC, con líneas de investigación financiadas por empresas, MITECO y organizaciones subvencionadas, para actuar como el principal legitimador técnico del modelo. Cristina Monge, politóloga de referencia en los grandes medios, escribe sobre transición justa mientras figura en el Consejo Asesor de la Fundación Moeve (Cepsa), cerrando el círculo de la captura: la empresa no solo obtiene el permiso, sino que se asegura de que el analista ‘independiente’ valide su modelo en radio, televisión y prensa. El mismo circuito se repite: del gobierno que concede permisos a la empresa que los recibe; de la empresa, a la universidad que los legitima, y de ahí, al espacio mediático que los difunde y normaliza. Y a veces, con la ayuda de los actores principales del ecologismo que transitan por los mismos pasillos del poder.
Sin ese sistema de captura generalizada, el escándalo Forestalia habría sido imposible. Y lo más grave es que, tras las detenciones, la matriz del sistema replicada en numerosos macroproyectos en toda España sigue intacta. No estamos ante un fallo del modelo, sino ante un modelo que pese a la magnitud del escándalo sigue funcionando a pleno rendimiento.
Romper la captura: la transición justa y social será territorial o no será
Por todo ello, las soluciones que necesitamos no pasan por catálogos de “buena praxis” como propone la Fundación Renovables. Ni tampoco bastará con regular mejor el modelo que ha generado esta corrupción. Las soluciones pasan por una ruptura profunda y una gobernanza ciudadana desarrollada desde los territorios.
Eso significa prohibición efectiva de macroproyectos en zonas protegidas y zonas agrarias, planificación territorial participativa y vinculante, prohibición de la mercantilización de los permisos administrativos, prioridad real y apoyo masivo para el autoconsumo y las comunidades energéticas, y períodos de incompatibilidad efectivos que impidan que, quienes hoy conceden permisos, trabajen mañana para quienes los reciben.
Pero también implica asumir algo que rara vez se dice: la transición no puede sostenerse sobre un crecimiento ilimitado de la demanda energética. Hace falta incorporar políticas de suficiencia y una reducción planificada y justa del consumo, especialmente en los sectores y territorios que más energía concentran. Como ha señalado Jaume Franquesa, la transición corre el riesgo de reproducir dinámicas extractivas si no cuestionamos la escala misma del modelo: el problema no es solo quién es el dueño, sino cuánto se quiere producir. El modelo de macroproyectos es intrínsecamente corruptible por su propia escala gigante.
Hace falta también que la captura ecosocial sea nombrada y combatida con la misma energía que la corrupción que instruyen los jueces. Porque sin captura ecosocial, no hay caso Forestalia. Y sin liberarnos de ese sistema, seguiremos sin transición justa.
