Guadalajara, 1 de enero de 2026
La implantación masiva de renovables continúa en nuestro país mientras se desperdicia un porcentaje considerable de la electricidad generada.
Desafortunadamente, al mismo tiempo llevamos semanas conociendo datos alarmantes sobre los posibles casos de corrupción en Aragón, que se unen al que salió a la luz en Castilla y León hace ya diez años, y a ciertos favores otorgados en el entorno del exministro Cristóbal Montoro en beneficio de determinados proyectos de renovables.
En las últimas semanas de 2025 se han conocido las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil) sobre FORESTALIA respecto al controvertido parque eólico del Maestrazgo, y sobre otras empresas como ACCIONA. En ellas se revelan las relaciones corruptas en los sistemas de evaluación, asignación y ejecución de proyectos de implantación de renovables en España. Esta corrupción se ha ido extendiendo en el tiempo y en el espacio. Recordemos que la “trama eólica” desarrollada en Castilla y León hace ya 10 años, es el caso más grave de corrupción en esa comunidad autónoma, que actualmente está siendo juzgada en la Audiencia Provincial de Valladolid y que están comprometidos en la causa cientos de millones de euros. También está abierto el caso del exministro Cristóbal Montoro, que presuntamente favorecía la aprobación de ciertos proyectos de renovables si se encargaban a su propio despacho, Equipo Económico y, lo que es incluso más alarmante, se beneficiaba supuestamente a esas empresas de renovables con cambios normativos a medida, que posteriormente se publicaban en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
Toda esta información pone de manifiesto que el sistema actual de tramitación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas adolece de una serie de defectos que, de una manera u otra, es preciso eliminar. Desde la plataforma ALIENTE, Alianza Energía y Territorio, consideramos que para erradicar cualquier atisbo de corrupción es necesaria la mayor transparencia posible en todas las fases de tramitación.
Esta corrupción en la implantación masiva de macroproyectos renovables se compone de tres variables íntimamente relacionadas entre sí. Por una parte, la corrupción técnica. Se han valorado positivamente, considerándolos como casos con mínimo impacto ambiental, proyectos que en realidad tenían un impacto grave en el medio ambiente, maquillándolos a sabiendas con medidas compensatorias completamente inútiles. Para poder sacar adelante estas anómalas valoraciones ambientales se prescinde del criterio de los técnicos críticos, funcionaros públicos, que se oponen a las mismas, y cuyos informes desfavorables basados en datos objetivos son modificados o anulados por cargos jerárquicamente superiores, sometidos a presiones políticas, para atender a los deseos de los promotores. Por desgracia, la sombra de esta mala praxis afecta ya tanto a las administraciones autonómicas y provinciales como al mismo MITECO. Conviene recordar aquí que la denominada “externalización de las evaluaciones ambientales” está prohibida por ley. Son incontables también las ocasiones en las que se ha recurrido al muy denunciado procedimiento de fraccionar los proyectos para eludir la evaluación ambiental ordinaria.
Otra práctica permitida ha sido la creación por parte de los mismos propietarios de una pléyade de pequeñas empresas, una por cada proyecto, para eludir controles en la presentación, en la tramitación y en las posibles responsabilidades posteriores que pudieran generarse en los mismos. Y porque, no nos engañemos, el fin último de los mismos no es otro que el de ser vendidos, puesto que estamos hablando de un negocio de naturaleza abiertamente especulativa.
Como resultado de este contexto permisivo, no se ha impedido que se instalaran proyectos en zonas con protección ambiental o de alto valor agrícola, ecológico y/o paisajístico, y se ha hecho una interpretación espuria de la figura de utilidad pública, tanto como herramienta de presión para que los propietarios de las tierras accedieran a la firma de los contratos de arrendamiento, como para ejecutar de facto expropiaciones que favorecen intereses estrictamente privados con el argumento de una más que dudosa utilidad social.
Los datos recientemente publicados muestran que los vertidos de la eólica y la solar, “en conjunto supondrían un 12% del consumo de electricidad del año”; o explicado de otra forma, que “se ha reducido la capacidad de producción anual casi un 25% en fotovoltaica y del 20% en eólica” por los excesos de producción. A pesar de ello, sigue el proceso masivo de instalación de proyectos renovables, muchos de ellos con importantes impactos ecológicos y sociales. No se puede justificar ya de ninguna manera que se sigan autorizando cada vez más macroproyectos de esta forma tan acelerada, y acompañada además de tal cantidad de irregularidades.
Por otra parte, está la posible corrupción económica, donde podría haber empresas a las que se beneficia con las políticas de implantación, tanto en la asignación de ofertas como con los sistemas de fijación de precios, adecuándolos a los intereses de las mismas a pesar de la falta de rentabilidad real de muchos de esos proyectos, algunos de los cuales se han regado generosamente con ayudas y subvenciones públicas procedentes de los fondos europeos. También se observa con excesiva frecuencia el efecto pernicioso de las denominadas “puertas giratorias”: políticos o altos cargos de la Administración que acaban en los consejos de administración o en los lobbies de las empresas energéticas; técnicos de organizaciones ecologistas o de ONGs ambientalistas que se incorporan igualmente a estos grupos de presión; contratos entre este tipo de organizaciones y las grandes eléctricas en una estrategia indisimulada de greenwashing, etc.
Está finalmente la posible corrupción política, donde determinados políticos, como es el caso de Aragón o de la trama eólica de Castilla y León, han podido supuestamente haber estado implicados en procesos de concesión de proyectos a ciertas empresas que no cumplían los necesarios criterios técnicos, presionando a funcionarios públicos que no eran partidarios de seguir esos procedimientos irregulares. Esas políticas no benefician al conjunto de la ciudadanía, sino a determinados colectivos, lo que se materializa en la persistencia de la pobreza energética a pesar del aumento de renovables y en la casi imposibilidad en la práctica de desarrollar de manera ágil las comunidades energéticas.
En su día, el “impuesto al sol” ralentizó la implantación de tejados solares por parte de ciudadanos particulares y empresas, pero incluso ahora, paradójicamente, no se incentiva de una forma adecuada el autoconsumo mientras se permite instalar renovables en zonas protegidas, o simplemente se es incapaz de zonificar el país para realizar un despliegue de una manera razonable.
Las lecciones del apagón de 2025 sobre la falta de estabilidad de sistema, con el que tanto tiene que ver este despliegue desordenado de las renovables, se ha traducido en un mayor uso del gas, un aumento de las emisiones de CO2 y un encarecimiento de la factura de la luz. ¿Era este el objetivo?. La única respuesta oficial ha sido el anuncio de más inversiones en la red que volveremos a pagar entre todos.
Por todo ello ALIENTE y sus asociados exigen:
- Que se paralicen de inmediato los proyectos directamente asociados a estos casos de posible corrupción.
- Que se establezca una moratoria en la actual política de implantación desenfrenada de renovables hasta que no se solucionen todos estos casos de posible corrupción citados.
- Que se revisen los procedimientos de toma de decisiones utilizados hasta ahora y no se cometan los mismos errores en los futuros proyectos, incluyendo los que afectan al biogás, al hidrógeno verde y a los centros de datos.
- Que se establezcan unos protocolos de actuación muy claros ante los nuevos proyectos de renovables, incluido el biogás, así como en la gestión del agua para proyectos de hidrógeno verde y de centros de datos.
- Que se exija a los proyectos incluir sistemas de almacenamiento y de estabilización de la tensión, seguros de responsabilidad civil y ambiental, garantías sobre la gestión de los residuos eléctricos y peligrosos durante la vida útil y tras el desmantelamiento de las plantas.
- Que se gestionen las tramitaciones con la mayor transparencia posible en cada momento para que todos los interesados involucrados (vecinos, agricultores, plataformas medioambientales, etc.) puedan participar activamente en todos aquellos aspectos que les puedan concernir.
- Que se modifique legalmente la figura de interés público en relación con el sector energético para evitar los abusos expropiatorios.
- Que se eliminen los polígonos de renovables implantados en zonas protegidas y de alto valor agrícola, ecológico y/o paisajístico, salvaguardando realmente los ecosistemas naturales, los paisajes, la biodiversidad y las zonas forestales y agrarias.
- Que se incentiven y prioricen los proyectos sobre tejados, fachadas, en zonas antropizadas, y las comunidades energéticas.
En definitiva, que la transición energética sea de verdad democrática, ecológica y justa.
